Los chibcha o «muisca» representan la cultura indígena más conocida de Colombia, ubicados al norte del país donde hoy es Panamá, practicaban la agricultura y la minería y desarrollaron una sociedad estratificada de señores feudales y vasallos, donde la sucesión a los cargos era matrilineal y la herencia de la propiedad, patrilineal. El origen de la leyenda de «El Dorado» es atribuido a una ceremonia chibcha, en la cual cada nuevo jefe era cubierto con polvo de oro y después lavado en un lago sacro. La cultura y lengua chibcha se mantuvieron aisladas y sobreviven todavía en algunas zonas del norte del país.
Entre 1536 y 1539, España conquistó Colombia. Gonzalo Giménez de Quesada dominó a los chibchas y fundó Santa Fe de Bogotá, que a partir de 1718 fue sede del Virreinato de Nueva Granada. La población fue sometida a sistemas de trabajo que constituyeron una esclavitud disfrazada y para el siglo XIX había desaparecido la mayoría de la población indígena.
La agricultura extensiva destinada a la exportación (café, bananas, algodón, tabaco) sustituyó a la tradicional (papa, yuca, maíz, madera y plantas medicinales). Se importaron esclavos africanos para el trabajo en las plantaciones.
Con la Revuelta de los Comuneros (1781) comenzó un proceso, que finalizó en 1813 con la declaración de independencia de Cundinamarca promovida por Antonio Nariño. El proceso estuvo signado por la lucha entre los centralistas de Nariño, que respondían a los intereses de la burguesía urbana y por ende a los europeos, y los federales liderados por Camilo Torres, presidente del Congreso de las Provincias Unidas y representante de los sectores populares.
En 1816, Pablo Morillo ejecutó a Torres. Tres años después Simón Bolívar liberó el país desde Venezuela y creó la República de la Gran Colombia, que incluía los actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Luego de la secesión de Venezuela y Ecuador en (1829/1830), se proclamó la República de Nueva Granada, que en 1886 tomó el nombre de Colombia.
Desde 1830 hasta los comienzos del siglo XX, el país tuvo nueve guerras civiles nacionales,14 locales y dos con Ecuador, sufrió tres cuartelazos y tuvo 11 constituciones. En 1849 se fundaron los partidos conservadores y liberales separados por tradicionales odios políticos.
Entre 1861 y 1885 bajo el gobierno del Partido Liberal la Iglesia fue separada del Estado y se formaron nueve entes autónomos.
Entre 1921 y 1957, se produjo una explotación voraz de las reservas petroleras de Colombia, que luego desaparecieron, dejando a los empresarios de Estados Unidos 1.137 millones de dólares de ganancia. Las firmas norteamericanas controlaban de 80 a 90% de la explotación de bananas y la minería, y el 98% de la producción de electricidad y gas.
En 1948 «El Bogotazo», estallido popular, provocó la muerte del líder Jorge Eliécer Gaitán. El mismo año, un alcalde liberal organizó el primer grupo guerrillero. Desde esa fecha hasta1957 murieron entre 250 mil y 300 mil personas en guerras civiles.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lideradas por Manuel Marulanda,«Tiro Fijo», y Jacobo Arenas hicieron su aparición en 1964, cuando un grupo pequeño se levantó en armas en Marquetalia. A la guerrilla se unió el sacerdote Camilo Torres Restrepo, cofundador del ELN (Ejército de Liberación Nacional), caído en combate en 1965.
La guerrilla rural fue enfrentada por grupos de «autodefensa» armados y pagados por los latifundistas, con apoyo del ejército, aunque sin admitirlo oficialmente. El ejército también creó grupos paramilitares, denunciados por organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional.
En 1974, el presidente Alfonso López Michelsen intentó dar mayor atención a los reclamos populares, pero los grandes intereses económicos hicieron fracasar esa política. En 1978, sólo 30% de los trabajadores ocupados recibían prestaciones sociales; en el sector agropecuario ese índice descendía a 11%. El ingreso de divisas dependía del precio del café en los mercados de Estados Unidos y Alemania Federal, que absorbían 20% y 36% respectivamente de dicho producto colombiano.
La guerrilla, en particular las FARC y el Movimiento 19 de Abril (M-19), enfrentaron una intensa represión del gobierno de Julio C. Turbay Ayala (1978-1982).
En 1980, el dirigente del M-19 Jaime Bateman murió en un «accidente» de avión, y los diálogos sobre la crisis y sus soluciones en una cumbre en Panamá quedaron suspendidos. Las FARC llegaron a un acuerdo con delegados del gobierno, basado en un documento que apuntaba al cese de hostilidades y a la adopción de medidas de carácter político, social y económico.
En 1982, el conservador Belisario Betancur fue elegido presidente. Periodista, poeta y humanista, Betancur había participado activamente en la búsqueda de la paz en los conflictos de América Central. Desde el gobierno, incorporó a Colombia al Movimiento de Países No Alineados, defendió el derecho de las naciones deudoras a negociar en forma colectiva ante los acreedores y, en 1983, inició conversaciones de paz con el M-19.
Los hacendados opusieron fuerte resistencia al diálogo gobierno-guerrilla. La oligarquía agraria –4% de los propietarios son dueños de 67% de las tierras productivas– denunció la pacificación como «concesiones a la subversión» y propuso la creación de ejércitos particulares. Resurgieron las acciones paramilitares e investigaciones posteriores revelaron la presencia del grupo MAS (Muerte a los Secuestradores), opuesto al retiro del ejército de las zonas guerrilleras. Comenzó una tregua prevista por un año, de la cual el M-19 se retiró cinco meses después, por considerar que el Ejército no cumplió el alto el fuego.
En enero de 1985 el gobierno adoptó medidas de ajuste económico que agudizaron la recesión, por incrementos en los precios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una aceleración de las devaluaciones. Se buscó dar prioridad a las exportaciones y reducir en 30% el déficit fiscal de 2.000 millones de dólares. Una comisión de 14 bancos, presidida por el Chemical Bank, afirmó que el gobierno debía llegar a un acuerdo formal con el FMI.
El Comité Permanente por los Derechos Humanos denunció la desaparición de 80 prisioneros en un año, las torturas a detenidos políticos y la comprobación de 300 ejecuciones clandestinas. La cifra de militantes desaparecidos ascendía a 325.
El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ocuparon el Palacio de Justicia, en Bogotá. Intervino el Ejército provocando una verdadera masacre. Murieron todos los efectivos del M-19 y otras 53 personas.
Más de dos mil militantes de izquierda eran víctimas del terrorismo, en 1987 fueron asesinados los candidatos Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica y Luis Carlos Galán, senador liberal, en agosto de 1989. Habían prometido desmantelar los grupos paramilitares y combatir la droga. Se desencadenó una guerra a todo nivel entre el gobierno y la mafia de la droga, en marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica y, 20 días más tarde Carlos Pizarro, sustituto de Jaramillo.
Se confirmó la existencia de más de 140 grupos paramilitares en el país, algunos financiados por el narcotráfico, mientras tanto, la DEA de Estados Unidos fue acusada de bombardear plantaciones de coca con herbicidas químicos. En la «economía subterránea», el comercio de coca plantada y exportada por circuitos clandestinos o semitolerados producía enormes ganancias.
En las elecciones de 27 de mayo de 1990, el liberal César Gaviria fue elegido presidente, con 48% de los votos, en unos comicios con 58% de abstenciones. Al año siguiente, en las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, la abstención fue de 65% y la ADM-19 (Alianza Democrática M-19) obtuvo 19 bancas.
A partir de junio de 1991, miembros del gobierno de Gaviria y representantes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que operaba en 35% del territorio, debatieron en Caracas la desmovilización guerrillera, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la reinserción de los guerrilleros en áreas de influencia política.
La nueva Constitución de 1991 creó el cargo de vicepresidente, prohibió la reelección presidencial legalizó el divorcio civil para el matrimonio católico, la elección directa de autoridades locales, garantizó los derechos democráticos de los pueblos indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa legislativa popular, además reconoció la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, y prohibía la extradición de colombianos para ser procesados por otros países. La Carta aprobada recibió críticas de la izquierda por no contemplar el sometimiento a la justicia civil de los militares acusados de cometer crímenes contra civiles y por otorgar facultades de policía judicial a los organismos de seguridad del estado.
En octubre, por medio de un pacto del presidente con las tres mayores fuerzas de la Constituyente, se redujo el número de representantes y, tras la disolución del Congreso, se efectuaron elecciones parlamentarias. El Partido Liberal consiguió el 60% de los votos y el apoyo al ADM-19 bajó al 10%. En las elecciones municipales de marzo de 1992, en medio de un abstencionismo del 70% del electorado, esta tendencia se confirmó.
El proceso de paz llegó a su perfil más bajo a partir de 1992. Luego de la interrupción de las conversaciones, el gobierno promovió la llamada «Guerra Integral», que autorizaba la intervención en organizaciones civiles vinculadas a los grupos insurgentes.
La Coordinadora Simón Bolívar resistió la ofensiva de las fuerzas armadas y mantuvo sus acciones militares. Como contrapartida, se reinició la actividad de los grupos paramilitares. La violencia produjo un desplazamiento masivo de población desde las zonas de conflicto a otras regiones del interior del país, dado también por el miedo al reclutamiento de niños.
En noviembre, el gobierno decretó el estado de emergencia. Pablo Escobar Gaviria –jefe del cártel de Medellín, poderosa organización de narcotraficantes– reinició las acciones armadas del cártel. En enero de 1993, se produjo la aparición del grupo los «PEPES» (Perseguidos por Pablo Escobar), que mató a treinta integrantes del cártel en sólo dos meses, destruyó varias propiedades de Escobar y persiguió a los miembros de su familia. El enfrentamiento llegó a niveles muy altos, con explosiones de varios coches-bomba, que causaron decenas de muertes. El 2 de diciembre, fuerzas policiales mataron a Escobar en un tiroteo en Medellín. Su desaparición fue un duro golpe para la influencia política y social que había alcanzado el cártel de Medellín.
La Suprema Corte de Justicia despenalizó el consumo de cocaína, marihuana y otras drogas, medida a la que se opusieron vastos sectores políticos y religiosos, encabezados por el presidente Gaviria.
La crisis del mercado del café y la sequía de 1993, así como la reducción de los cupos de banana por la Comunidad Europea, afectaron las exportaciones. No obstante, con dos mil millones de dólares anuales provenientes del narcotráfico y el descubrimiento de petróleo en la provincia de Casanare, el país logró un crecimiento sostenido del 2,8% por habitante.De todas formas, el 45% de la población continuó viviendo en niveles de pobreza crítica.
El presidente Gaviria fue designado secretario general de la OEA, con el apoyo de Estados Unidos, y favoreció el triunfo del candidato de su partido, Ernesto Samper, que en las elecciones de 1994 venció, con 50% de los votos, al conservador Andrés Pastrana (respaldado por 48,6 % del electorado). La ADM-19 cayó a 4% de los votos en los comicios, mientras que el abstencionismo se redujo levemente al 65%.
Samper inició su gobierno con una sucesión de victorias contra el narcotráfico, pero en setiembre de 1995 estalló un escándalo político, cuando un vocero del cártel de Cali reveló detalles de las contribuciones de esa organización a las campañas electorales de Samper y Pastrana. El ministro de Defensa, Fernando Botero, ex director de la campaña de Samper, fue enviado a prisión por enriquecimiento ilícito.
En agosto de 1996, Samper declaró el estado de emergencia para controlar la ola de violencia y secuestros, hecho que fue interpretado como un intento de protegerse de los escándalos vinculados a la droga. Sin embargo, los asesinatos de líderes opositores y las acciones de las FARC y el ELN, no cesaron. Con casi 100 frentes abiertos, estos dos grupos controlaban regiones cada vez más extensas y económicamente poderosas en la zona cafetalera, el Caribe e incluso las cercanías de Bogotá o Medellín.
Los esfuerzos por erradicar las plantaciones de coca y amapola continuaron, así como las operaciones armadas contra las bases operativas de los cárteles. Algunos de los principales líderes del cártel de Cali, que manejaba el 70% del tráfico mundial de cocaína, se entregaron voluntariamente. Estados Unidos retiró en marzo de 1996 a Colombia de su lista de países que cooperaban en la lucha contra la droga, hecho que lo privó de la ayuda bilateral y bloqueó su acceso a fuentes financieras externas. Washington negó la visa a Samper, en un intento por acorralar diplomáticamente al presidente colombiano.
Unos 1.900 precandidatos renunciaron a presentarse en los comicios locales del 26 de octubre, mientras que, desde principios de este año, 49 alcaldes y concejales fueron asesinados y más de 180 secuestrados. En la votación, más de cinco millones de personas adjuntaron a sus sufragios boletas simbólicas de "voto por la paz".
El procurador delegado para los Derechos Humanos reveló, en noviembre, que desde agosto de 1995 su oficina había ordenado sanciones disciplinarias, incluyendo 50 destituciones contra 126 militares y policías por violaciones a los derechos humanos. En el mismo período, fueron abiertos más de 600 casos contra miembros de las fuerzas de seguridad, relacionados con 1.338 víctimas de asesinato, tortura o desaparición. Alrededor de 500 secuestros, principalmente por miembros de las FARC y el ELN, fueron reportados en ese tiempo.
Diversos organismos indicaron que a principios de 1997, un millón de colombianos habían sido desplazados de sus hogares en la zona de conflicto, principalmente por la acción de los grupos paramilitares. Según el gobierno, los grupos guerrilleros obtenían un ingreso anual neto de 750 millones de dólares, bastante más que las ganancias que arroja el café. Las únicas empresas que los superaban en ganancias eran los cárteles de la droga de Medellín y Cali.
En febrero de 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió, por razones de «interés nacional», reintegrar a Bogotá como un estado cooperador en la guerra contra las drogas. Según el Banco Mundial, los altos índices de homicidio disminuyeron el crecimiento del producto bruto interno en 2% por año.
En junio, el líder del partido Nueva Fuerza Democrática, el conservador Andrés Pastrana, fue electo presidente con el 50,4% de los votos, tras 12 años de gobierno del partido Liberal.
Pastrana anunció, en agosto de 2000, el Plan Colombia, que procuraba erradicar desde el aire 60 mil hectáreas de cultivo de coca. El proyecto implicaba la creación de tres batallones antinarcóticos, entrenados y equipados por Estados Unidos, respaldados con 60 helicópteros. El objetivo era debilitar económicamente a guerrilla y narcotraficantes, en lugar de confrontarlos en el campo de batalla. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Colombia fue incluida por Washington entre los objetivos de su «guerra contra el terror».
Las precarias negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, recién iniciadas, se rompieron el 20 de febrero de 2002, cuando la guerrilla secuestró a varias figuras políticas, en un intento por influir en el resultado electoral. En los comicios de mayo –en los que la abstención llegó al 55% y los intentos de sabotaje de los guerrilleros causaron varias muertes entre rebeldes y paramilitares– ganó, con 53% de los votos, el candidato de la derecha Álvaro Uribe Vélez, a quien se vinculaba a las fuerzas paramilitares agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y también a grupos narcotraficantes. Esta relación determinaba que la promesa preelectoral de Uribe de «seguridad para todos los colombianos» fuera, realmente, una declaración de guerra a las FARC.
El 4 de mayo, los durante un combate entre fuerzas de las FARC y la AUC, disparos de mortero alcanzaron una iglesia en la que se refugiaba la población de Bojayá, con el saldo de 117 muertos, al menos 40 de ellos niños. Ese mismo mes, una partida de 2.600 millones de dólares –el doble del total del Plan Colombia– fue liberada por Washington. Al mismo tiempo, el gobierno de Pastrana mantenía conversaciones de paz, en Cuba, con el ELN.
El presidente Uribe reclamó, en enero de 2003, la intervención directa de Washington en la lucha contra las guerrillas y, un poco sorpresivamente, contra los grupos paramilitares, a los que calificó de terroristas. Tropas estadounidenses se desplegaron en la provincia de Arauca, constituyéndose en el primer contingente militar que participó directamente en la guerra civil colombiana.
El triunfo, en octubre de 2003, de Luis Eduardo Garzón, candidato del centro-izquierdista Polo Democrático Independiente (PDI) en la alcaldía de Bogotá (segundo puesto de importancia del país después de la presidencia) implicó un cambio histórico en Colombia y la consolidación, a nivel nacional, de una corriente de izquierda. En noviembre, comenzó el desarme de los combatientes de la AUC.
Ricardo Palmera, un comandante de las FARC y el guerrillero de más alto rango capturado, fue condenado a 35 años de prisión en mayo de 2004. En junio, el ELN aceptó una mediación de México en el conflicto civil colombiano y se mostró dispuesto a reincorporarse a la vida civil del país. Un mes después, en el marco de las conversaciones de paz entre el gobierno y la AUC, algunos líderes del grupo paramilitar se dirigieron al Congreso. El mismo mes, más de 200 parlamentarios británicos –mayormente laboristas– pidieron al primer ministro Blair que suspendiera la ayuda militar a Colombia, teniendo en cuenta la estrecha relación entre el gobierno de Bogotá y las fuerzas paramilitares.
En agosto de 2004, varios dirigentes de la comunidad indígena Paéz Nasa –un proyecto de desarrollo sostenible, educación y lucha contra la pobreza, de la región sur-occidental de Cauca, ampliamente reconocido y galardonado con el Premio Nacional de la Paz de 2000–, fueron secuestrados por las FARC. La guerrilla acusaba a los Nasa de colaborar con los paramilitares y de apoyar la política de «seguridad» de Uribe. Un mes más tarde, los dirigentes fueron liberados, luego de las conversaciones entre las FARC y una comisión de más de 250 integrantes de la guardia indígena de la comunidad Paéz Nasa.
En el marco del programa de desmovilización de la AUC, un nueva ley, de junio de 2005, ofreció reducción de las penas y protección contra pedidos de extradición para los paramilitares que entregaran sus armas. El cronograma preveía la desmovilización de unas 10 mil personas hasta diciembre de ese año. Grupos pro derechos humanos advirtieron al gobierno que la ley era demasiado indulgente.
Nuevas conversaciones exploratorias, en busca de una paz definitiva con el ELN, comenzaron en diciembre en Cuba.
Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia fue acordado en febrero de 2006. El documento debía ser ratificado por los parlamentos de ambos países. En marzo, el partido del presidente Uribe obtuvo una aplastante victoria en las parlamentarias.
Docenas de guerrilleros de las FARC fueron liberados en junio de 2007, con la expectativa de que, a su turno, el grupo liberara a las personas que mantenía secuestradas. Las FARC contestaron que sólo lo harían si el gobierno retiraba las tropas y establecía una zona desmilitarizada al suroeste del país.