Cuando el territorio que hoy es parte de Uruguay fue avistado en 1516 por el explorador español Juan Díaz de Solís, estaba poblado por charrúas (cazadores nómades), chanaes (agricultores incipientes) y guaraníes (agricultores que dominaban la cerámica y la navegación ribereña).
Solís se internó en el Río de la Plata, al que llamó Mar Dulce. Los indígenas emboscaron y mataron a todos los miembros de la expedición.
La colonización española en el Río de la Plata fue tardía pues se consideraba a la región como «tierra de ningún provecho», al no tener las riquezas minerales de México y Perú. En 1611, el gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), introdujo el ganado vacuno y equino que, gracias a las buenas pasturas y el clima, se reprodujo en gran escala. La región se conoció como la «Vaquería del Mar». La Compañía de Jesús comenzó en 1632 su expansión, desde Paraguay, hacia la margen oriental del Uruguay. A partir de 1667 se fundaron siete pueblos misioneros orientales.
En 1680 los portugueses fundaron frente a Buenos Aires, la Colonia do Sacramento. El poblado fue objeto durante mucho tiempo de disputas entre España y Portugal. La fundación de Montevideo (1724), único puerto natural del Río de la Plata, por parte del Gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala, tuvo su origen en la permanente lucha de ambas coronas por las fronteras.
Atraídos por el ganado, arribaron los faeneros (extractores de cueros) desde Brasil y Buenos Aires. El Gaucho, producto del mestizaje cultural europeo e indígena, surge en este período.
Los indígenas fueron desplazados hacia las misiones jesuitas, en el norte.
La Revolución de Mayo que estalló en Buenos Aires en 1810 fue rechazada por las clases altas montevideanas, que representaban al monopolio comercial español. Por el contrario, la campaña, donde abundaban pequeños y medianos hacendados y hombres sin tierra, se levantó en armas. Al frente de los rebeldes estaba un capitán criollo del ejército español, José Artigas. Su ideal republicano y federal, su proximidad con los indios y esclavos, y su proyecto de reparto de tierras lo convirtieron en líder de la insurrección. Artigas encabezó la Liga Federal formada por la Banda Oriental y las actuales provincias argentinas de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.
El ejército portugués invadió la Banda Oriental en 1816. El invasor contó con el tácito apoyo de las clases altas de Buenos Aires y Montevideo, alarmadas por el «caos artiguista». Derrotado, Artigas se refugió en Paraguay en 1820 donde murió 30 años más tarde.
En 1823, cuando Brasil se independizó de Portugal, la Banda Oriental se integró al nuevo reino bajo el nombre de «Provincia Cisplatina».
En 1825 se inició la segunda fase de la lucha por la independencia, ahora contra el Imperio de Brasil. El 25 de agosto se declaró la independencia y la voluntad de los orientales de unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La diplomacia británica, interesada en que ambas orillas del Plata no fueran argentinas y en defensa de sus intereses comerciales, fomentó la creación de un pequeño estado en la región. En 1828, con la mediación de Lord Ponsonby, se puso fin a la guerra y se aprobó la independencia del país.
En 1830 la República Oriental del Uruguay tuvo su primera Constitución, que establecía un régimen de gobierno republicano pero excluía del derecho a votar a la mayoría de la población. En 1831 los charrúas fueron exterminados en Salsipuedes por el primer gobierno del Uruguay independiente. Sobrevivientes de la etnia fueron entregados como esclavos y un puñado, a quienes se llamó «los últimos charrúas», fueron enviados a Francia y exhibidos como curiosidad.
La segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por las guerras civiles entre las dos colectividades políticas del país: el Partido «Blanco» o Nacional, vinculado a la campaña y a los terratenientes, y el Partido «Colorado», más ligado al capital europeo y a las ideas liberales. Un Estado débil y una población rural acostumbrada a la lucha armada, posibilitaron los sucesivos levantamientos.
En 1865, el dictador colorado Venancio Flores se sumó a la Triple Alianza (con Brasil y Argentina) que doblegó al Paraguay y lo obligó a abrir sus fronteras al «libre comercio» (ver historia de Paraguay).
En1876 el coronel Lorenzo Latorre, inició el período conocido como «militarismo». En esa etapa (1876-1890) se afirmó el poder del Estado. El alambrado de los campos, fijando la propiedad de la tierra y del ganado, transformó al gaucho en trabajador asalariado.
En 1903, asumió la presidencia el colorado José Batlle y Ordóñez, decidido a modernizar el estado. Un año más tarde tuvo lugar, liderada por el caudillo blanco Aparicio Saravia, la última revuelta rural. Saravia falleció durante el enfrentamiento y Batlle sentó las bases del Estado uruguayo moderno.
El Estado se transformó en la principal fuente de empleo, desarrollándose una clase media numerosa, liberal y con un considerable nivel de escolarización en instituciones estatales.
Iglesia y estado fueron separados y el divorcio fue legalizado. En 1917 se ensayó un sistema de poder ejecutivo colegiado. En 1932, se aprobó la ley del sufragio femenino. Estos cambios dieron al país la fama de ser la «Suiza de América».
Las exportaciones uruguayas crecieron durante las dos guerras mundiales. La carne uruguaya y sus derivados fueron enviados a los Aliados y luego a las tropas estadounidenses que combatieron en Corea.
Los excedentes del comercio exterior dieron al país una sólida posición en divisas. Los subsidios estimularon la sustitución de importaciones; la próspera industria de la construcción mantuvo una alta tasa de empleo. Pero la cría de ovejas y vacas, generadora de la mayor parte de las exportaciones, se estancó en las cifras de 1908.
Los terratenientes volcaron sus ganancias en el exterior, en la especulación financiera y en el consumo suntuario. En la década de 1950 se inició un estancamiento industrial que no llegó a revertirse.
El primer gobierno blanco del siglo (1959) aceptó las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), acelerando la recesión. El conflicto social se agudizó a partir de 1968, cuando el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco congeló los salarios y trató de frenar a los sindicatos. Un amplio movimiento de masas, encabezado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y los estudiantes enfrentaron esa política. Paralelamente, el movimiento guerrillero Tupamaros (MLN) protagonizó acciones de impacto nacional. En 1971, se fundó el Frente Amplio, coalición de izquierda en torno a un programa progresista, que postuló al general retirado Líber Seregni en las elecciones presidenciales de ese año.
Juan María Bordaberry asumió la Presidencia en 1972. El Parlamento aprobó el «estado de guerra interno». En 1972, los tupamaros fueron derrotados, tras una rápida campaña en la que la organización clandestina fue desbaratada. En junio de 1973, Bordaberry y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado: el Parlamento fue disuelto y se instauró un gobierno cívico-militar. Los partidos políticos de izquierda y los sindicatos fueron ilegalizados; se generalizó la tortura y el encarcelamiento de los opositores.
Durante el período dictatorial aumentó la concentración de la riqueza en manos de corporaciones transnacionales, el salario real fue reducido a la mitad del existente antes de 1973 y la deuda externa llegó a 5.000 millones de dólares.
En 1980 el gobierno llamó a un plebiscito constitucional con el fin de institucionalizar el régimen autoritario. La derrota sufrida por el oficialismo marcó el inicio del fin de la dictadura.
El año 1983 vio el resurgimiento de las organizaciones sociales: la lucha contra el régimen se hizo abierta y ganó la calle. Una de las movilizaciones más importantes fue convocada por el recién formado Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que celebró el 1º de Mayo, por primera vez desde 1973, bajo las consignas de Libertad, Trabajo, Salario y Amnistía.
Ese mismo mes, los militares comenzaron negociaciones con los tres partidos habilitados, excluyendo al Frente Amplio, cuyo presidente Líber Seregni estaba preso desde el golpe de Estado y al candidato natural del partido nacional, Wilson Ferreira Aldunate, quien fue detenido al regresar al país tras once años de exilio.
Las elecciones de noviembre de 1984 se realizaron con partidos políticos y dirigentes proscriptos. En ellas triunfó la propuesta conservadora del candidato colorado Julio María Sanguinetti, que fue electo presidente. El nuevo gobierno restableció las libertades y derechos políticos y –atendiendo el reclamo popular– el Parlamento aprobó una ley que permitió la liberación de todos los pesos políticos. El Estado uruguayo reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y con Venezuela, rotas desde el secuestro en el interior de la sede diplomática de ese país de la maestra Elena Quinteros.
Se constituyó una comisión parlamentaria para investigar el destino de los ciudadanos uruguayos desaparecidos dentro y fuera de fronteras. Los militares responsables comenzaron a ser citados a declarar ante la justicia ordinaria. Entonces el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que eximió de juicio a los militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad. Un posterior plebiscito popular ratificó la ley con el 56% de los votos.
En 1989 comenzó una política de «ajuste estructural» marcada por la desregulación del mercado. El gobierno firmó en secreto con el Banco Mundial un compromiso por el que obtuvo el aval para refinanciar la deuda con la banca privada internacional.
En 1989 el Partido Nacional triunfó en las elecciones y Luis Alberto Lacalle asumió la presidencia. El Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, ganó en Montevideo y la izquierda asumió la administración de la capital por primera vez en la historia del país.
Lacalle continuó la política neoliberal; aumentó los impuestos y promovió la privatización de empresas estatales. En marzo de 1991, Uruguay aprobó, con Argentina, Brasil y Paraguay, la creación del Mercosur.
Una comisión convocada por el movimiento sindical y de integración multipartidaria logró someter a plebiscito la ley de privatización de empresas estatales que había aprobado el parlamento. En diciembre de 1992, la ciudadanía votó por la derogación de la ley. De todas maneras, el gobierno consiguió privatizar ciertas empresas (como la línea aérea estatal PLUNA).
En las elecciones de 1994 Sanguinetti fue reelecto presidente, esta vez por escaso margen.
El Frente Amplio volvió a conquistar la Intendencia de Montevideo (gobierno de la capital). A nivel nacional, los resultados mostraron un país dividido en tercios: Partido Colorado, 31,2%; Partido Nacional (Blanco), 30%; y Encuentro Progresista-Frente Amplio 29,8%.
En las elecciones presidenciales de 1999, el partido de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio, se impuso en la primera vuelta como fuerza política mayoritaria. Para impedir su triunfo el partido Nacional se alió con el partido Colorado y apoyó a su candidato, Jorge Batlle, quien en las elecciones de noviembre fue elegido presidente con el 52 % de los votos.
En agosto, un decreto presidencial creó la Comisión para la paz, para «dar los pasos posibles» en la investigación de los ciudadanos uruguayos desaparecidos –en el país y en el exterior– durante la dictadura militar. La labor de la Comisión, que fue cuestionada por los organismos de derechos humanos, culminó con un informe final aprobado en abril de 2003 que confirmó «la actuación de agentes estatales» en la represión ilegal.
El año 2002 fue particularmente adverso en el terreno económico y marcó un importante deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La crisis argentina y la retracción del mercado brasileño pusieron en dificultades al Estado, planteando la posibilidad de un «default» a corto plazo.
En enero, miles de uruguayos protestaron contra la política económica y marcharon, en plena temporada de verano, hacia Punta del Este, principal balneario del país. El gobierno prohibió el ingreso de los manifestantes a todos los balnearios de la costa atlántica y montó un dispositivo especial de seguridad con un vallado metálico que aisló a la península puntaesteña. En marzo, el FMI aprobó un crédito de 443 millones de dólares para para ayudar a Uruguay a salir de la recesión y protegerlo de la crisis argentina. Uruguay se comprometió a alcanzar un equilibrio fiscal en 2004. El FMI instó a Uruguay a privatizar los monopolios estatales, tales como los de energía, el petróleo, las telecomunicaciones y los ferrocarriles. El mismo mes, Sara Méndez, ciudadana uruguaya secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada ilegalmente a Uruguay, logró ubicar a su hijo Simón Riquelo secuestrado con ella cuando era un bebé y también desaparecido.
En abril de 2002, Uruguay presentó una moción de censura en la ONU contra Cuba por la situación de los derechos humanos en la isla. La moción motivó serios reproches por parte de La Habana hacia Batlle. El hecho culminó con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Ese mismo mes, por vez primera en 20 años, los empresarios, industriales y trabajadores se reunieron en un multitudinario acto de protesta contra la política económica oficial. La jornada de huelga nacional fue convocada por la denominada Concertación para el Crecimiento.
La crisis económica hizo aumentar la emigración. Se estimaba que unos 450 mil uruguayos, 13% de la población, vivía en el exterior. Los emigrantes eran principalmente jóvenes, de buen nivel educativo y calificación profesional. Esto agudizó el envejecimiento de la estructura demográfica del país.
Sorpresivamente el ministro de Economía Alberto Bensión anunció la modificación de la política cambiaria lo que provocó el 20 de junio que el dólar se disparara y aumentara un 40%. La libre flotación del dólar fue elogiada por Estados Unidos y el FMI pero el descontento se hizo notar en varias manifestaciones populares.
Fue nombrado Alejandro Atchugarry, como nuevo Ministro de Economía, para hacer frente a la crisis. Ante la constante fuga de depósitos que amenazaba con hacer colapsar el sistema bancario y la suspensión de un gran banco privado del país (intervenido el mes anterior por iliquidez e investigado por un supuesto desvío de fondos), el 30 de julio el Banco Central decretó un feriado bancario, el primero en varias décadas.
En medio de crecientes rumores de un posible «corralito» (restricciones al retiro de depósitos), se anunció la extensión del feriado hasta el 5 de agosto, cuando se confirmó la decisión de Estados Unidos de dar asistencia económica directa a Uruguay por un monto de 1.500 millones de dólares.
En octubre de 2002, la justicia procesó al ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno militar, Juan Carlos Blanco, a quien acusó de coautoría en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada 26 años antes en la embajada de Venezuela. Blanco fue, hasta ese momento, el único funcionario civil o militar de la dictadura procesado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno militar. El ex ministro fue liberado ocho meses más tarde cuando Carlos Ramela, representante de Batlle en la Comisión para la paz, se presentó en el juzgado para afirmar que, según las investigaciones, la maestra había sido asesinada sin conocimiento de las Fuerzas Armadas ni del gobierno de la época.
Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina sufrieron un deterioro durante el período. En 2002, en una entrevista para la cadena Bloomberg, Batlle aseguró off the record que «los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último». La declaración fue difundida por la televisión y obligó a un viaje del mandatario a Buenos Aires para disculparse públicamente por lo que definió como «un error».
El núcleo de las discrepancias se centró luego en las diferencias de política económica del presidente argentino Néstor Kirchner y Batlle, y en la forma de resolver los problemas vinculados a las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Kirchner declaró que el esclarecimiento del «caso Gelman», que implicaba conocer la verdad sobre la desaparición de María Claudia García y recuperar sus restos, era una «cuestión de Estado». Batlle se comprometió a investigar; sin embargo, meses después ordenó el archivo del caso.
En agosto de 2003 la Suprema Corte de Justicia, en un fallo considerado histórico, habilitó el juicio contra el ex dictador Bordaberry, denunciado por su responsabilidad en el golpe de Estado de junio de 1973 y por el asesinato de ocho obreros comunistas en abril de 1972.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre de 2004, resultó electo en primera vuelta Tabaré Vázquez del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), con el 50.45% de los votos emitidos. En la peor votación de su historia, el partido Colorado (PC), del presidente Batlle, cuyo candidato era el ex ministro del interior Guillermo Stirling, consiguió tan sólo el 10.36% de los sufragios. Fue la primera vez en que un candidato de izquierda ganó la presidencia.
Miles de personas concurrieron a las calles para presenciar la investidura de Tabaré Vázquez como nuevo presidente el 1º de marzo de 2005. En el plano interno, la primera medida de Vázquez fue firmar el Plan de Emergencia –uno de los principales estandartes de la campaña– de dos años para atender las necesidades de alimentación, salud y educación de la población indigente. En el plano externo, las primeras medidas consistieron en firmar un acuerdo con Venezuela, intercambiando petróleo venezolano, que llegaría a Uruguay a bajo precio y con créditos blandos, por productos alimenticios, exportados a ese país a bajo precio, y el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
El 4 de noviembre de 2005 se llevó a cabo en Montevideo una marcha de organizaciones sociales contra el capitalismo y la globalización, en el marco de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina. La misma culminó con la rotura de vidrios, vehículos y pintadas. Tras los hechos, el juez Fernández Lecchini procesó a cuatro manifestantes por sedición, amparándose en un artículo del Código Penal importado de la legislación italiana en los años 1930. Finalmente, tras un sinnúmero de críticas y cuestionamientos por parte de la opinión pública, un mes más tarde, los cuatro manifestantes fueron liberados.
En 2006, la construcción de dos plantas procesadoras de pasta de celulosa sobre la margen del Río Uruguay, límite natural entre Uruguay y Argentina, generó críticas y protestas de los pobladores de la argentina ciudad de Gualeguaychú y del gobierno de ese país. Durante los meses de enero y febrero, los de mayor afluencia de turistas, los pobladores de Gualeguaychú cortaron los puentes que atraviesan el río e impidieron el paso de vehículos desde Argentina, lo que generó importantes pérdidas económicas para Uruguay. Durante el año se sucedieron cortes intermitentes en fines de semanas largos y vacaciones hasta que finalmente, en noviembre, se decidió el corte total por tiempo indeterminado.
También en noviembre, el ex dictador Bordaberry y su ex canciller, Juan Carlos Blanco, fueron detenidos y procesados por el secuestro y asesinato de cuatro personas en 1976. Otros altos mandos del Ejército durante los años de dictadura fueron procesados por delitos similares y enviados a una cárcel construida especialmente para ellos. En enero de 2007, Bordaberry fue internado en régimen de prisión domiciliaria, debido a su delicado estado de salud.
El ministro de Economía, Danilo Astori, implementó una reforma tributaria basada en el impuesto a la renta que levantó duras voces en contra, tanto desde la oposición y como de sectores del gobierno. Astori, quien ya mantenía una difícil relación con las facciones radicales del Frente Amplio por su política económica y la cancelación total de la deuda con el FMI (más de mil millones de dólares), afirmó que la reforma crearía mayor igualdad y sería ampliamente beneficiosa para los sectores bajos y medios bajos de la sociedad.