Durante los últimos 100 mil años, el territorio de la actual Sudáfrica ha estado ocupado. Se conserva desde esos tiempos los trazos de los San, pequeños grupos de cazadores-recolectores, que expresaron sus creencias y rituales, actividades y visiones del mundo en monumentos de piedra. Los San fueron gradualmente desplazados por los khoikhoi, un pueblo de pastores y cosechadores cuya presencia se remonta a hace unos 2 mil años. Alrededor del año 500 d.C, pueblos de lengua bantú llegaron a la región y comenzaron a cosechar, principalmente en los valles fluviales del sudeste en los que predominan las lluvias de verano. Técnicas que habían sido desarrolladas al norte, en el continente, empezaron a ser aplicadas al cultivo de granos.
La domesticación del ganado creó nuevas posibilidades y se desarrollaron sistemas políticos y societarios. Los jefes expandieron su poder a través del control de las mujeres productoras y de los jóvenes (como soldados y trabajadores). La riqueza ganadera introdujo formas de patronazgo, y fue utilizada como «lobola», una institución que involucra la entrega de regalos, bienes o ganado por parte de los familiares del novio al padre o tutor de la novia. Al adquirir por la misma época esta cultura destrezas metalúrgicas, el jefe encontró nuevos bienes comerciables y un mayor potencial militar.
Los primeros colonos holandeses llegaron a Ciudad del Cabo (Cape Town) en 1652, más de un siglo y medio después que el navegante portugués Vasco da Gama rodeara el Cabo de Buena Esperanza. Jan Van Rebeck fue el primer holandés que desafió la desconfianza de los khoikhoi. Desembarcó en Ciudad del Cabo y estableció un núcleo de colonización que abastecía a los navíos de paso hacia Indonesia. En 1688, cerca de 600 agricultores estaban instalados en el lugar, dividiendo sus actividades entre la agricultura y la guerra contra los khoikhoi. Por ser una pequeña minoría, los primeros colonos holandeses fueron extremadamente unidos y agresivos, dos características que marcaron a toda la cultura boer en el sur de África.
Los holandeses percibían un salario de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, no podían intercambiar productos con los nativos y debían entregar toda su producción a las tripulaciones. Paulatinamente entraron en conflicto con sus patrones de ultramar, que no admitían la ruptura de su monopolio ni la utilización de trabajo esclavo a fin de ampliar las plantaciones y la pecuaria. Los boers ganaron la disputa y, hacia fines del siglo XVII, los llamados colonos libres o burghers eran mayoría. La población de origen europeo se dividió entre quienes mantuvieron el comercio con el exterior y quienes fueron en busca de nuevas tierras.
En 1806, debilitado el imperio colonial holandés, los británicos se instalaron en Ciudad del Cabo. Llevaron adelante acuerdos para intercambiar mercaderías, transformaron a los líderes nativos en intermediarios y combatieron la captura de esclavos. Chocaron rápidamente con el esclavismo intransigente de los boers, quienes, para distinguirse de ellos, comenzaron a llamarse a sí mismos afrikaaners. En 1834, cerca de 14 mil afrikaaners emigraron hacia el interior del continente, en la great trek (gran marcha) que los llevaría al Transvaal, actual Orange y a Natal. Tratando de explotar sin interferencias externas el trabajo esclavo, establecieron los estatutos del Transvaal en 1852 y de Orange en 1854.
Los británicos reconocieron la independencia de las dos regiones, pues la ocupación de nuevas tierras por los europeos aumentaba la seguridad de la ciudad de El Cabo. Por otra parte, los boers tenían que comerciar necesariamente a través de los puertos que operaban los ingleses. En su expansión hacia el norte, los afrikaaners se enfrentaron con xhosas y zulúes. Estos últimos, dirigidos por Chaka, un genio militar que murió en 1828, bloquearon el avance de los colonos durante 50 años. Chaka se convirtió en el jefe de un gran imperio que se desmoronó, poco antes del great trek, por los problemas internos vinculados a la sucesión real y no por la presión exterior.
El conflicto entre los boers y la Corona Británica estalló en 1867, cuando se descubrieron importantes yacimientos de oro y diamantes en el Transvaal. La certeza de que la zona poseía un gran valor económico y estratégico indujo a Inglaterra a proponer una federación entre la provincia del Cabo y los dos estados libres. Los boers se negaron, lo que desató la guerra en 1899. Inglaterra contó con el apoyo de la mayoría de sus colonias, y los boers con el de Alemania. Después de tres años de guerra, con cerca de 50 mil afrikaaners muertos y el doble de confinados en campos de concentración, éstos se rindieron y aceptaron la tutela británica, aunque mantuvieron cierta autonomía para sus regiones. Con la victoria inglesa finalizó la hegemonía del capital agrario en Orange y Transvaal, y comenzó el auge de la minería.
Para los boers, las poblaciones nativas eran «salvajes» que debían ser domesticados y podían ser esclavizados. La discriminación racial era una exigencia del sistema de explotación agraria que practicaban. Su agricultura no podía competir con la de los ingleses de El Cabo y Natal, por lo que necesitaban una mano de obra muy barata.
La mentalidad comercial y liberal de los británicos, en cambio, veía la esclavitud como una traba para la creación de mercados de consumo. No dejaron por ello de establecer rígidas barreras, para impedir que los negros sudafricanos tuvieran posibilidades de ascenso económico y social. La legislación laboral desde 1809 dispuso severos castigos para el trabajador que resolviese cambiar de empleo. El Master and Servant Act, de 1843, convirtió en delito criminal la ruptura del contrato de trabajo.
Alrededor de 1850, los ingleses comenzaron a contratar trabajadores negros en los territorios de los actuales Mozambique, Lesotho y Botswana, así como indios y chinos. Estos trabajadores «importados» no podían venir con sus familias; su salario era mínimo y debían regresar a sus países de origen si perdían el empleo.
En 1894 se dictó una ley que obligaba a los africanos a pagar en dinero un impuesto al trabajo, salvo que certificaran haber trabajado fuera de sus distritos de vivienda durante un cierto tiempo. Esto se decretó para obligar a los nativos a trabajar por salarios muy inferiores a los de un trabajador de ascendencia europea. Otro tanto se dispuso para los campesinos: un impuesto anual, pagadero en dinero, el que sólo podían obtener vendiendo su fuerza de trabajo a los europeos. Los salarios se mantuvieron bajos, destruyendo las formas tradicionales de vida de los africanos.
Cuando comenzó la explotación de las minas de oro y diamantes, los capitalistas europeos tuvieron que recurrir al trabajo de obreros blancos calificados. La mayoría de ellos eran ex agricultores boers que perdieron todo en la guerra. Otros llegaron de Europa atraídos por la «quimera del oro». Ambos, conocedores del funcionamiento del capitalismo industrial, plantearon exigencias económicas y reivindicaciones laborales. Los capitalistas prometieron ventajas a estos trabajadores blancos, siempre que se hiciesen cómplices de la explotación de la mano de obra negra.
En 1896, la denominada colour bar –barrera de color– estaba instaurada plenamente en el sector minero y en los núcleos urbanos de mayoría británica. En 1910, al aprobarse la Constitución de la Unión Sudafricana, federación de las provincias del Cabo, Natal, Orange y Transvaal, los negros fueron privados del derecho al voto y a la propiedad de la tierra. En 1930, nueve décimos de las tierras cultivables estaban en poder de los europeos o sus descendientes.
La legislación segregacionista se extendió a partir de 1910. El Native Labor Act impuso a los trabajadores urbanos un sistema de sumisión similar al vigente para los trabajadores de haciendas rurales. La Native Land Act, de 1913, destinó el 7% del territorio nacional para los negros los llamados «bantustanes», que albergaban el 75% de la población del país. El 93% restante de las tierras fueron entregadas a los blancos, que representaban el 10% de la población. En las superpobladas reservas negras predominó la agricultura de subsistencia, mientras que el resto de las tierras se explotaron con procedimientos intensivos. Las primeras funcionaban como una reserva permanente de mano de obra barata. El Native Urban Act, de 1923, limitó drásticamente la posibilidad de que los negros se instalaran en ciudades consideradas como reductos blancos. Los movimientos de los negros fueron sometidos a un control absoluto.
Desde que Sudáfrica comenzó su camino hacia la independencia en 1934 hasta 1984, la participación política estuvo limitada a menos del 17% de los habitantes. Una reforma constitucional, en 1984, amplió la participación a los asiáticos, fundamentalmente indios y mestizos coloured. Los africanos negros, casi dos tercios de la población del país, permanecieron excluidos del derecho de votar.
Hacia la Primera Guerra Mundial, la economía blanca se basaba en la minería y en la agricultura intensiva. La recesión posterior a la guerra empujó a las grandes empresas mineras a contratar negros, lo que generó choques raciales entre los asalariados. La huelga de Rand, en 1922, fue duramente reprimida por el gobierno. La mayor parte de los huelguistas eran blancos pobres, descendientes de los boers. Frustrados por haber perdido la guerra y las tierras, sin poder acceder a la naciente estructura industrial del país, fueron atraídos por la propaganda ultranacionalista de la extrema derecha.
Los nacionalistas, triunfantes en las elecciones de 1924, junto a sus aliados del Partido Laborista (burguesía nacional urbana), rompieron con la política económica liberal tradicional e impusieron el proteccionismo. El capitalismo de estado promovido por los nacionalistas que crearon siderurgias, construyeron vías férreas y produjeron energía eléctrica posibilitó un rápido crecimiento del país.
A fines de los años 20, la caída del precio del oro en el mercado internacional generó una crisis en la alianza entre nacionalistas y laboristas. Para sobrevivir en el poder, los nacionalistas se apoyaron en el antes rechazado capital extranjero y conservaron el sistema de segregación racial, aval de la provisión de mano de obra barata. El arranque manufacturero que siguió aumentó el número de empleados negros y determinó conflictos raciales. Una sociedad secreta, la Afrikaaner Bond (Hermandad Afrikaaner), se volvió el reducto principal de la derecha blanca.
La recesión posterior a la Segunda Guerra Mundial repitió el fenómeno: los blancos pobres, amenazados por el desempleo, acrecentaron su racismo, con el eslogan Gevaar K.K.K. (Cuidado con los negros, los indios y el comunismo) Kaffer, Koelie, Komunismus. En 1948, los nacionalistas accedieron nuevamente al gobierno e impusieron restricciones aún más duras a la población negra.
Los líderes de la primera organización política de los negros sudafricanos, surgida en 1912, el Congreso Nacional Africano (CNA), egresados de escuelas dirigidas por misioneros y titulados en universidades norteamericanas y europeas, creyeron que los afrikaaners podrían ser convencidos de lo injusto de las leyes de segregación racial, y que los liberales anglófilos admitirían la coparticipación de los negros en la política.
La falta de cambios llevó a que, en la década de 1940, el CNA adoptara una práctica de resistencia no violenta contra las leyes racistas. En 1955 se amplió el frente antirracista con la denominada Carta de la Libertad, que también fue suscrita por los movimientos de indios, mulatos, liberales y socialistas. La carta incluyó una radical denuncia del apartheid (separación), reclamó su abolición y la redistribución de la riqueza.
En 1958, sectores discrepantes con la política multirracial del movimiento crearon el Congreso Panafricano (PAC), que en 1960 convocó a una manifestación en la ciudad de Sharpeville para protestar contra la ley que limitaba el movimiento de los trabajadores negros en áreas reservadas a los blancos. La represión de esa marcha produjo 70 muertos.
Después de ese incidente, el PAC, el CNA y el Partido Comunista fueron ilegalizados. El Congreso Nacional Africano formó su brazo armado, el «Umkhonto we Sizwe» (la Lanza de la Nación), mientras el PAC organizó otro, el «Poqo» (Sólo Nosotros). En 1963, los principales dirigentes del CNA fueron detenidos; Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y Oliver Tambo asumió la jefatura del movimiento en el exilio. La violencia de la represión gubernamental y la carencia de bases de apoyo en países vecinos dominados por aliados de los afrikaaners, impidieron a las guerrillas realizar progresos capaces de reclutar a grandes masas.
El sistema racista se vio respaldado por el interés del capitalismo internacional por invertir en la región, atraído por la mano de obra barata. Las inversiones extranjeras, especialmente las norteamericanas, quintuplicaron su valor entre 1958 y 1967. La política proteccionista de los afrikaaners creó la infraestructura necesaria para la instalación de grandes industrias, cuyo fin fue desarrollar un polo industrial capaz de abastecer a toda el África austral.
Durante la década de 1960 el número de trabajadores agrícolas negros en las ciudades aumentó. La miseria de los bantustanes, tierras malas de poca producción, y la ausencia de servicios y de asistencia provocaron un éxodo masivo. Éste afectó las expectativas de otros sectores urbanos, como los mulatos, que vieron amenazadas sus esperanzas de integración en la economía blanca.
En 1976, los marginados se rebelaron en los suburbios de Johannesburgo. La rebelión de los jóvenes de SOWETO South West Township, barrio del sudoeste hizo ver a los blancos que la crisis había llegado a las ciudades, donde hasta entonces se sentían seguros. Dependientes del uso de mano de obra negra en 1970, el 75% de quienes trabajaban en agricultura, minería o servicios eran negros; la participación de no blancos en empleos especializados se multiplicó por tres en 20 años; pero, a igual trabajo, los negros ganaban de 5 a 10 veces menos que los blancos. La minoría gobernante propuso algunas reformas del apartheid, intentando impedir nuevos conflictos entre los trabajadores emigrados a la ciudad.
Entre otras reformas, el régimen de Pretoria declaró «Estados Independientes» a cuatro bantustanes: Transkei, Ciskei, Venda y Bophuthatswana, con la esperanza de frenar la migración interna de los desocupados. Ocho millones de personas fueron privadas así de su nacionalidad y convertidos en extranjeros por decreto. Muy pocos países reconocieron a estos nuevos «Estados Independientes».
La independencia de Angola y Mozambique en 1975 y la de Zimbabwe en 1980 afectaron fuertemente la situación en África austral. El Congreso Nacional Africano encontró allí y en otros países de la Línea del Frente (Botswana, Tanzania y Zambia) su indispensable retaguardia. Sudáfrica, cuya economía era tres veces mayor que la de esos países independientes juntos, inició una campaña de desestabilización que incluyó la presión económica, el sabotaje, el apoyo a movimientos rebeldes y la invasión. Todo ello para obligarlos a negar apoyo al movimiento antiapartheid y bloquear los intentos de los nuevos países de escapar al dominio sudafricano.
El punto principal del conflicto en el África austral estuvo en Namibia, una ex colonia alemana que Sudáfrica ocupó militarmente durante la Primera Guerra Mundial, y que posteriormente anexó. En 1966 la ONU dispuso que Sudáfrica debía devolver la independencia a ese territorio, exigencia que continuaron haciendo la OUA y los países del Frente, pese a las maniobras dilatorias de Sudáfrica y las potencias occidentales. La independencia de Namibia se concretó recién en marzo de 1990.
Para que Sudáfrica impusiera su fuerza económica y militar en el sur de África fue esencial el apoyo que recibió de Estados Unidos. Cerca de 400 empresas norteamericanas tenían intereses en el país, y el capital y la tecnología estadounidenses eran vitales para el desarrollo industrial y el potencial militar sudafricanos.
En lo interno, Pieter Botha, primer ministro desde 1978 hasta 1989, impulsó leves reformas en el sistema segregacionista. Entre 1982 y 1984 impuso una reforma constitucional que otorgaba el voto a indios y mestizos, y creó un Parlamento tricameral, una cámara para cada grupo racial. Los negros seguían excluidos y su participación limitada al nivel local. La población no blanca mayoritariamente boicoteó la reforma, y se abstuvo de votar.
La gradual liberalización del apartheid encontró muchos oponentes. La represión contra los negros no disminuyó, sino que se complicó a causa de los enfrentamientos entre grupos tribales y políticos opuestos. En julio de 1985 el gobierno declaró 36 distritos en estado de emergencia. Hacia fines de 1986 los muertos superaban los 750 y miles de opositores estaban detenidos.
La opinión pública en Estados Unidos y Europa obligó a los gobiernos occidentales y a un número creciente de empresas y bancos de ese origen a limitar sus actividades en Sudáfrica. El Congreso norteamericano levantó el veto impuesto por el presidente Ronald Reagan a las sanciones económicas, obligando al cambio de su política de «compromiso constructivo» en la zona. La oposición política interna sudafricana creó un Frente Democrático Unido (UDF), que reunió a más de 600 organizaciones de masas actuando dentro de la legalidad.
Desde comienzos de 1988, el gobierno de Botha mostró mayor intransigencia frente a la oposición, e ilegalizó a todos los grupos que la componían y encarceló a los líderes religiosos contrarios al apartheid, entre quienes estaba el arzobispo negro Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz.
En agosto de 1989, acorralado por una crisis interna de su partido que gobernó por 41 años, Botha renunció. Lo sustituyó Frederik de Klerk, quien se declaró a favor de un cambio en el sistema racista. En setiembre se efectuaron elecciones parlamentarias bajo estado de emergencia, vigente desde 1986.
El Movimiento Democrático de Masas, coalición antiapartheid a la que adhirieron todas las organizaciones ilegalizadas, convocó a un paro general. Pese a las redadas y amenazas 3 millones de sudafricanos negros interrumpieron sus labores. Días después se realizó la primera manifestación legal multitudinaria contra el apartheid desde 1959. La movilización fue acompañada con represión y muertes. Pero incluso sectores de la minoría blanca se integraron a las protestas.
La oposición acordó establecer el principio de «una persona, un voto» para cualquier negociación con el gobierno.
En febrero de 1990, de Klerk legalizó el Congreso Nacional Africano y otros grupos de oposición. Tras 27 años de prisión, Nelson Mandela fue liberado el 11 de ese mes. Se inició un período de negociaciones. Mandela recuperó su papel de líder de la mayoría negra, no libre de dificultades. Algunas de ellas tenían que ver con los enfrentamientos entre el CNA y los miembros de la organización zulú Inkatha, que no combatió el apartheid, que habían cobrado 5 mil muertos desde 1986. Inkatha era apoyada por el gobierno con armas, dinero y entrenamiento.
En mayo, Mandela anunció un acuerdo entre el CNA y el gobierno para cortar la violencia y normalizar la vida política. Llamó a la comunidad internacional a mantener las sanciones económicas sobre el gobierno sudafricano. Renunció a la creación de bantustanes que habían llegado a diez, abolió la segregación racial en los hospitales y en todos los lugares. En diciembre volvió al país Oliver Tambo, presidente del CNA, luego de 30 años de exilio.
En abril de 1991, la Comunidad Europea (CEE) comenzó a estudiar el levantamiento del bloqueo económico y puso como plazo el 30 de junio para iniciar la democratización. Ese mismo día, el gobierno abolió la ley de registro de la población y la ley de tierras, que prohibía la propiedad a los negros. De Klerk prometió simultáneamente iniciar negociaciones por una nueva Constitución. Estados Unidos se adelantó y levantó el bloqueo. La CEE tenía intenciones de seguirlo, pero Dinamarca se opuso junto con España, que había recibido la visita de Mandela, y vetaron la iniciativa.
El Inkatha, el Frente Nacional Afrikaaner (NFA) y el Partido Conservador se apartaron de las conversaciones por la Constitución e intentaron boicotear el proceso electoral. Al tiempo que enfrentaba una huelga de funcionarios públicos, el «presidente» del Transvaal, Lucas Mangope, declaró que se uniría al boicot. Mangope recibió apoyo militar del Movimiento de Resistencia Afrikaaner (MRA). La resistencia de civiles negros y fuerzas locales lo obligaron a retirarse al MRA. Mangope fue depuesto y el ejército sudafricano tomó el control.
Mientras tanto, Inkatha boicoteaba los actos del CNA y se enfrentaba duramente con los seguidores de Mandela. Su líder Mangosuthu Buthelezi intentó sin éxito mantener el control de otro bantustán, también en Natal, pero sí logró el reconocimiento constitucional del rey de los zulúes Goodwill Zweletini, por lo que aceptó participar en las elecciones.
En octubre la ONU levantó las sanciones contra el régimen sudafricano. Estados Unidos retiró de inmediato las restricciones financieras.
La Constitución provisional creó una Asamblea Nacional de 400 miembros y un senado de 90. El presidente, con menos poderes que el primer ministro, sería electo por la Asamblea por un período de 5 años. Se estableció una nueva división territorial de nueve provincias, cada una con su gobernador y legislatura, a las que se incorporaron los diez bantustanes, que fueron abolidos.
Las primeras elecciones multiétnicas de la historia sudafricana se celebraron en abril de 1994. El CNA obtuvo el 63% de los votos.
El Gobierno de Unidad Nacional integró miembros del NP e IFP. El ministro de Economía y el gobernador del Banco Sudafricano de Reserva del gobierno anterior conservaron sus cargos.
Desaparecidas las barreras del apartheid, continuaron las económicas y culturales. Los trabajadores negros ganaban nueve veces menos que los blancos. La desocupación era respectivamente del 33 y 3%. La mortalidad infantil entre los negros era del 53%, mientras que entre los blancos del 1%.
Entre las medidas a aplicar, Mandela propuso la atención sanitaria gratuita para los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas, la puesta en marcha de una dieta básica para los niños en edad escolar y la electrificación de 350 mil viviendas. Se estableció por ley un nuevo marco para la educación. En octubre se anunció que 3,5 millones de personas tendrían acceso a servicios de agua en los próximos 18 meses. El primer presupuesto totalmente elaborado por la unidad nacional adjudicó el 47% a servicios sociales, la educación recibió el 26%, la inversión en viviendas se duplicó y se redujo el gasto militar.
El ministro Derek Hanekom puso en marcha una ambiciosa reforma agraria. Se aprobó un acta de relaciones laborales que garantizó el derecho de huelga y creó foros de discusión por lugar de trabajo. La conflictividad laboral fue muy inferior a la de otros años.
En enero, el CNA negó la inmunidad garantizada antes de las elecciones a dos ex miembros del gabinete y a 3.500 policías, que debieron ser investigados por la Comisión de Verdad y Reconciliación. El juicio de un ex coronel de la policía por 121 asesinatos, secuestros y fraudes, aportó nuevas pruebas del fomento policial a la violencia política durante el régimen anterior. Prominentes líderes del Inkatha resultaron implicados en pagos a la policía de seguridad. Se publicó un informe de la comisión Goldstone al presidente de Klerk en 1994, reiterando estos cargos. En junio el vice secretario del IFP fue arrestado por asesinatos cometidos en 1987.
Las elecciones locales de 1995 favorecieron al CNA en casi todo el país. En 1996, el NP abandonó el gobierno de unidad para pasar a la oposición por primera vez desde 1948.
La Asamblea Nacional aprobó una nueva Constitución que pretendía consolidar la transición a la democracia. Durante la elaboración del nuevo texto, movilizaciones en las que participaron miles de trabajadores y comerciantes lograron que se eliminara una cláusula que reconocía a los patrones el derecho a paralizar sus fábricas.
En 1995 se instaló la llamada Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Desmond Tutu, la que recogió testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1960 y 1993. Durante las indagatorias, varios oficiales de la policía admitieron el uso de la tortura durante la década de 1980, así como la contratación de mercenarios. Los responsables podían apelar a una amnistía siempre que esclarecieran su participación.
El gobierno presentó una estrategia que apuntaba a la creación de 800 mil empleos hasta el año 2000. En 1996 el PBI creció un 3%. En noviembre, unos 2 millones de hectáreas de tierra habían sido redistribuidas bajo el programa de reforma agraria del gobierno.
En octubre de 1997, Mandela realizó una visita a Libia para mediar en el conflicto entre Trípoli, Washington y Londres, por el embargo contra ese país desde 1992 (ver historia de Libia). Mandela apoyó la posición de Libia que reclamaba un juicio en un país neutral, si bien aclaró que no pedía el levantamiento incondicional del embargo.
En su mensaje de despedida de la Organización para la Unidad Africana, en junio de 1998, Mandela, contravino el principio fundacional de la OUA de no intervención en los asuntos internos de los estados miembro, al reivindicar «el derecho y el deber de intervenir cuando, detrás de fronteras soberanas, la gente está siendo masacrada para proteger la tiranía».
Ese año, durante las audiencias de la Comisión de Reconciliación de Sudáfrica, se reveló un plan creado por científicos blancos durante el apartheid para atentar contra la salud del entonces preso Mandela y desarrollar enfermedades que atacaran a la población negra así como otros agentes que limitaran su fertilidad.
La población negra manifestó su enojo por la lentitud de los cambios y volvieron los ataques a granjeros de raza blanca. Durante el congreso del CNA, Mandela y su vicepresidente, Thabo Mbeki, advirtieron que la era de la reconciliación formal terminaría junto con el mandato del primero y que en un segundo mandato el CNA debería tomar medidas más radicales.
Si bien las elecciones de junio dieron al CNA un sólido control del Parlamento, éste no alcanzó el margen de dos tercios que necesitaba para enmendar unilateralmente la Constitución. El liderazgo de la oposición en la Asamblea Nacional quedó en manos del blanco Partido Democrático. Mbeki recibió la banda presidencial de manos de Mandela y designó a Jacob Zuma, también del CNA, como su vice.
Si bien la Constitución prohibía desde 1994 gran parte de las formas de discriminación, una nueva ley aprobada por el Parlamento en enero de 2000 implementó por primera vez la no discriminación en las relaciones entre individuos. La misma además declaraba ilícita toda discriminación basada en edad, orientación sexual, cultura, embarazo, estado marital, conciencia y lenguaje.
Aunque desde 1994 Sudáfrica sostenía políticas de restricción en la exportación e importación de armas y fue uno de los líderes mundiales en la implementación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción en 1997, a fines de 2000 la organización por derechos humanos Human Rights Watch acusó a Pretoria de vender armas a países donde se violan los derechos humanos y donde el flujo de las mismas podría implicar una escalada de abusos. En 2001 un panel oficial comenzó a investigar las acusaciones de corrupción en un negocio de armas que involucraba a Pretoria con compañías británicas, alemanas, francesas, suecas y sudafricanas. Al concluir el proceso, el gobierno fue liberado de responsabilidades.
Frente a declaraciones de un funcionario gubernamental que afirmó que la comunidad india era incapaz de ejercer responsabilidades, a comienzos de 2001 Mandela acusó a miembros de la mayoría negra de utilizar su poder político para amedrentar a las minorías étnicas y exhortó al CNA a tomar medidas para revertirlo.
En setiembre de 2001 se llevó a cabo en la ciudad de Durban la Conferencia Mundial Contra el Racismo, donde ante la exigencia de los países africanos de una reparación económica por parte de los antiguos países colonizadores, la mayoría de los estados europeos –que en principio se habían mostrado a favor– consideraron esta demanda «no razonable».
Más de 2 mil violaciones a menores fueron reportadas durante 2001. De cara a este problema el gobierno creó unidades especiales de policía, instauró protección legal para las víctimas de violación, y estableció cortes especiales para procesar las ofensas sexuales.
La justicia sudafricana absolvió en abril de 2002 a Wouter Basson, conocido por los medios sudafricanos como el «Doctor Muerte», quien se hizo famoso por desarrollar el denominado Proyecto Costa, que buscaba crear venenos «inteligentes» que sólo mataran a negros y había acumulado suficientes reservas de cólera y ántrax para generar una epidemia. Las armas ideadas incluían azúcar con salmonella, cigarros con ántrax, chocolates con botulismo y whisky con herbicidas. Durante el juicio, Basson se declaró inocente y sostuvo que sólo siguió órdenes, aunque no manifestó arrepentimiento.
Entre 5 y 7 millones de sudafricanos habrían muerto de SIDA en 2010, según un informe divulgado por el Consejo Sudafricano de Investigación Médica, y la expectativa de vida para entonces sería de sólo 36 años. Mbeki sostuvo que las fuentes de la investigación no fueron confiables e intentó evitar su publicación. Se cree que Sudáfrica tiene el más alto índice de infectados con VIH/SIDA en el mundo: 5,3 millones de personas. Más de 12 millones de niños en África Subsahariana son huérfanos a causa del VIH/SIDA.
Los líderes de la Alianza Democrática pidieron a Mbeki en marzo de 2001 que declarase el estado de emergencia nacional para que los infectados con VIH/SIDA pudieran acceder a medicinas genéricas. La ley sudafricana que permite la importación de estos fármacos en caso de emergencia nunca se implementó, debido a una demanda realizada por las principales compañías farmacéuticas trasnacionales que producen estos medicamentos. No obstante, la presión internacional llevó a las 39 compañías a retirar, en abril de ese año, la acción legal, decisión que marcó un precedente para los países pobres que necesitan importar medicinas más baratas para combatir la pandemia.
La economía continuó con altibajos, exceptuando algunos rubros de exportación (vino, armas, automóviles) que se beneficiaron de la debilidad del rand (moneda local). La agitación política en Zimbabwe redujo la inversión extranjera en la región. La sequía en 2002 aumentó la escasez de alimentos en el sur de África y la pobreza se agravó por el VIH/SIDA.
En julio de 2002, gracias a una Campaña por el Tratamiento (TAC) iniciada en 1998, la Corte Constitucional obligó al gobierno a implementar un amplio programa a nivel nacional para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos, que incluiría la provisión de la droga antiretroviral Nevirapine.
Ese mismo mes se inauguró en Durban la Unión Africana. La UA reemplazo a la Organización para la Unidad Africana (vista como un club de dictadores). El énfasis de la nueva organización se puso en el progreso de los pueblos y la adecuada gobernanza. La UA, de 53 miembros, siguió como modelo, aunque no estrictamente, a la Unión Europea. La OUA tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de sus miembros en caso de genocidio y crímenes de guerra y para ello cuenta con una fuerza de paz y una corte de justicia. Mbeki fue designado como el primer presidente de la UA, mientras que Sudáfrica se convirtió en una pieza clave del Consejo de Paz y Seguridad de la organización.
En abril de 2004, a una década de haber ingresado a la vida democrática, el CNA ganó las elecciones por tercera vez consecutiva. Mbeki asumió el poder por segunda vez. Fue criticado por muchos en la comunidad internacional por su proximidad con el vecino Zimbabwe, cuyo presidente, Robert Mugabe, intensificaba su férreo control del poder en medio del caos económico y severos abusos a los derechos humanos.
Ese mismo año el Consejo de Provincias (CNP), se encontró –por primera vez en su historia– bajo el dominio de una mayoría perteneciente al CNA, lo que dejaba a todas las provincias bajo el control efectivo del partido gobernante.
Durante la primera década democrática el gobierno construyó 1,6 millones de casas para personas carenciadas, 70% de las cuales se electrificaron.
En abril de 2004, en las terceras elecciones generales multirraciales desde el apartheid, el ACN (por su sigla en inglés), obtuvo casi el 70% de los votos. Mbeki resultó reelecto y prometió que no desilusionaría a los ciudadanos que otorgaron la mayoría al ANC.
El ex premier de Haití, Jean Bertrand Aristide, fue asilado por el gobierno sudafricano en mayo.
Ese mismo mes, Mbeki prometió que su gobierno otorgaría electricidad y agua a todas las familias sudafricanas, que llevaban esperando entre cinco y ocho años esos servicios. Además Mbeki era muy cuestionado por no realizar una gestión efectiva contra el VIH/SIDA. El gobierno, haciéndose cargo de las críticas recibidas, enfatizó que se implementarían mejoras en el cuidado de la enfermedad a nivel de los hogares y prometió medicinas con costos progresivamente más accesibles.
En enero de 2005 el ex presidente Nelson Mandela admitió que su hijo mayor, el único que sobrevivía, había muerto de SIDA e insistió en que la única forma de combatir el virus era hablar de él de forma abierta. En marzo, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación exhumó el primero de los cuerpos perteneciente a uno de los cientos de desaparecidos del régimen del apartheid.
Achabir Shaik, asesor financiero del vicepresidente Jacob Zuma, fue condenado a prisión en junio de 2005 por cargos de corrupción. Shaik había utilizado el nombre del vicepresidente, quien negó cualquier relación con el caso, para realizar en su provecho acuerdos con una firma francesa. En forma casi unánime, la prensa sudafricana pidió la renuncia de Zuma, quien dejó su cargo por exigencia de Mbeki.
Una corte judicial absolvió a Zuma de cargos de violación –de una mujer de 31 años con quien mantuvo relaciones sexuales– en mayo de 2006. El veredicto no impidió que el líder perdiera algo de la gran popularidad que tenía y que lo perfilaba como futuro presidente. Al salir del tribunal, Zuma –que acusó a los medios de haberlo condenado antes que el juez diera el veredicto– dijo que «una persona acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario; ésta es una de las reglas de oro de nuestra Constitución, pero la prensa ha roto esta regla».
Por su parte, el arzobispo Tutu –en total desacuerdo con el fallo de inocencia de la corte– declaró en Londres que el juicio había sido «uno de los peores momentos en la vida democrática de Sudáfrica».
El 9 de agosto, unas 20 mil mujeres realizaron una manifestación en Pretoria, frente a la sede del gobierno, con el objetivo de exigir que se tomaran medidas efectivas contra la violencia doméstica en el país. El índice de violencia doméstica de Sudáfrica era uno de los más elevados del mundo.
Mike Heywood, uno de los más destacados investigadores del VIH/SIDA y promotor de numerosas campañas para frenar la devastación de la enfermedad en África, renovó las críticas contra Pretoria por considerar que no tomaba medidas efectivas para reducir las tasas de contagio de VIH. A su vez, lanzó duros ataques contra los líderes políticos del mundo por no cuestionar la inacción de la administración Mbeki. Según una encuesta del gobierno, la octava parte de los infectados con VIH/SIDA del mundo eran ciudadanos sudafricanos.
En julio de 2007 la oficina de estadística publicó un informe en el que señalaba que, de continuar el crecimiento económico registrado en el período 2002-2005, para el año 2014 el país podría reducir el desempleo y la pobreza a la mitad. Durante el mismo período, la proporción de hogares con acceso a la electricidad, al agua, a baños y canalización de desechos, se incrementó significativamente. El porcentaje de hogares con electricidad aumentó del 75,6% al 81,3%, mientras que el agua corriente creció un 5,2%.